La Justicia federal abrió una causa contra una banda liderada por una mujer que operaba desde un falso drugstore en San Lorenzo. Está mencionado el intendente.
La Justicia federal investiga a una banda de San Lorenzo que está sospechada de captar, acoger, trasladar y explotar sexualmente a mujeres, así como también a vender drogas. La organización criminal, de acuerdo a la instrucción, está integrada por al menos 12 personas. El intendente de la vecina ciudad del cordón industrial, Leonardo Raimundo, está mencionado como presunto encubridor.
Según informaron fuentes judiciales, la causa se originó a partir de una denuncia en San Nicolás de una víctima de esta red de trata liderada por una señora apodada “Mamu”. La mujer relató que tras separarse de su pareja y ser víctima de violencia de género consiguió trabajo en San Lorenzo, en un supuesto drugstore, en Oroño al 800. Desde allí se sospecha que funciona un prostíbulo encubierto.
Los fiscales Claudio Kishimoto, de la Fiscalía Federal 2 de Rosario, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), aseguraron que la organización funciona desde al menos febrero del año pasado y solicitaron hace varios meses que los sospechosos sean llamados a declaración indagatoria.
Según la evidencia recabada, la venta de estupefacientes se lleva en el falso drugstore y en casas linderas. En tanto, los “pases” (servicios sexuales) se concretan en tres hoteles sanlorencinos: Maracaibo, Triángulo y California. Las copas tienen un valor estimado de 25 dólares y los “pases” de 100 dólares.
La banda de la “Mamu”, siempre según la instrucción, cuenta también con el apoyo logístico de un grupo de personas dedicadas al transporte de pasajeros y que se movilizan en taxis. Participan en las actividades buscando a los “clientes” en el puerto de San Lorenzo. Desde allí los llevan al falso drugstore y luego a los hoteles junto con las víctimas para concretar los “pases”. La participación de este eslabón es remunerada con una comisión aproximada de 20 dólares, siempre según la conclusión de los fiscales.
“Esta organización logró garantizar su impunidad desde –al menos- julio de 2017 gracias al accionar del intendente Leonardo Raimundo, el que consistió en garantizar la continuidad de la explotación sexual de mujeres en el inmueble, como así también la impunidad de los miembros de la organización, evitando que el municipio que preside lleve a cabo los debidos controles y disponga la correspondiente clausura del lugar”, señalaron los fiscales.
La organización es liderada por una mujer llamada Miriam S., alias “Mamu”. Además, está compuesta por su pareja, Rafael José S. M., sus hijas Estefanía G., Valeria G. y Solange G. También por las parejas de sus hijas: Franco C., Pablo P. (policía) y Diego S. Hay otras tres personas identificadas como Marisa V., Sebastián L. (agente de la Guardia de Infantería) y Alejandro E, detalla la instrucción.
“Mamu” es quien toma las decisiones de los negocios, atiende a los clientes, cobra y administra tanto la plata proveniente de la explotación del kiosco-almacén y el prostíbulo, como también de la venta de estupefacientes. Sus hijas y la mujer identificada como Marisa V. imparten órdenes a las mujeres prostituidas y se encargan de la atención y el trato de los clientes a instancias de “Mamu”.
En tanto, Franco C., Pablo P., Diego S. y Sebastián L. son los encargados de generar los enlaces necesarios para nutrir de clientes el prostíbulo y garantizar la protección policial. Por su parte, Alejandro E. es el responsable de los traslados de los clientes al prostíbulo y de éstos y las víctimas a los hoteles.
Entre febrero del año pasado a la actualidad se detectaron al menos 16 víctimas de esta organización criminal. Una de las mujeres que fueron captadas por la red contó que la “Mamu” le hacía vender droga a los clientes. De acuerdo a su declaración, la bolsita de marihuana o cocaína costaba 50 dólares.
El rol del intendente
Según la sospecha de los fiscales, Raimundo “al menos habría cometido actos en infracción a los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“Su ayuda, concretamente habría consistido en garantizar a los miembros de la organización la continuidad de la explotación sexual de mujeres como así también la impunidad de quienes llevaban a cabo la actividad, a través de acciones tendientes a que ningún agente del municipio que preside lleve a cabo las debidas inspecciones y consecuente clausura del lugar; y lo mismo habría realizado con respecto al personal policial de las diversas fuerzas de seguridad que tienen jurisdicción en su municipio”, expresa la instrucción.
Una de las víctimas de la red de trata también manifestó que conoció al intendente sanlorencino en una cena que el propio Raimundo organizó en un club. Y que luego de ese evento él la llamó por teléfono para decirle que la “esperaba a las 9 de la mañana en su casa en la calle Buenos Aires y los mismos taxistas la llevaban y la iban a buscar”. Agregó que la “Mamu” le sugirió que debía ir porque “eso era lo que sostenía” su trabajo.
Además, hay dos denuncias anónimas que señalan que vecinos de la zona hicieron llamados al 911 y denuncias en las comisarías 1ª y 7ª de San Lorenzo “sin resultados positivos”. Añadieron que la “Mamu” manifestaba estar “acomodada con el intendente” y pedía que no la molestaran.
“No existen dudas de que la explotación sexual de las víctimas se dio en un local que se encontraba en funcionamiento por falta de control y consecuente clausura por parte del Estado Municipal, pese al conocimiento que el propio intendente tenía acerca de los hechos que ocurrían en el lugar”, agregaron.
“Como autoridad suprema del Municipio tenía a su alcance las herramientas necesarias para poder tomar medidas tendientes a poner fin al padecimiento sobre la integridad física y psíquica de las mujeres en situación de explotación y pese a ello, no sólo no tomaron ningún temperamento en tal sentido, aumentando así el riesgo de violencia sexual sobre las víctimas, sino que fomentó aquel padecimiento, en su rol cliente/prostituyente”, subrayan los investigadores.
La causa
Los fiscales Claudio Kishimoto, de la Fiscalía Federal 2 de Rosario, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), solicitaron hace varios meses que los sospechosos sean llamados a declaración indagatoria. El juez federal Marcelo Bailaque devolvió el expediente a los fiscales para que profundicen medidas tendientes a reforzar las líneas investigativas.
