El ex secretario de Obras Públicas estuvo cuatro años con prisión preventiva, sin condena firme, en la causa de los bolsos con dinero. Pagó una fianza de 14 millones de pesos
El ex secretario de Obras Públicas, José López, condenado por enriquecimiento ilícito, quedó en libertad luego de permanecer cuatro años con prisión preventiva, sin condena firme.
La Justicia había ordenado en abril su excarcelación y ordenó también el pago de una caución de $85 millones.
La Cámara de Casación le ordenó al Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) bajar la caución porque entendió que aquella suma no se ajustaba a la situación patrimonial del ex funcionario. Hizo lo mismo cuando se le volvió a fijar el monto en 48 millones de pesos.
Finalmente, el ex secretario de Obras Públicas de la Nación cubrió en las últimas horas una fianza de $14,5 millones.
Ahora, quedará en libertad pero bajo la custodia del sistema de protección de testigos, ya que es imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas.
El 6 de agosto pasado la misma sala de Casación había confirmado la condena a José Francisco López por enriquecimiento ilícito, a la pena de siete años y seis meses de prisión, con una multa del 60 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua.
En aquella oportunidad se confirmó también el decomiso de la residencia de López de la localidad de Dique Luján en Tigre, y del el dinero y objetos incautados (8.982.047 dólares y 153.610 euros; entre otras cosas), que fueron asignados al Hospital Garrahan y al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con el fin de que puedan satisfacer sus necesidades prioritarias de asistencia médica para los niños/as y adolescentes del país.
El secuestro del dinero distribuido en bolsos en poder de López se produjo en la madrugada del 14 de junio de 2016 en el Monasterio “Nuestra Señora de Fátima”, ubicado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
Según la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 1, López urdió un plan para ocultar el dinero y los valores en el convento -donde arribó a una carabina calibre 22mm, con mira telescópica -aprovechándose del estrecho vínculo que había establecido con las monjas.
El tribunal estableció que también se benefició junto con su mujer con la mansión ubicada en Dique Luján, Partido de Tigre, y para ello se valió de dos empresarios como testaferros: Andrés Galera, con quien guardaba una relación personal y además estaba ligado a la Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano, y Eduardo Gutiérrez, presidente del Grupo Farallón y dirigente de la Cámara Argentina de la Construcción.
