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Nación no cumplió con su promesa y la crisis en Discapacidad se agudiza

La Casa Rosada prometió que se iban a regularizar los pagos de las prestaciones de Incluir Salud, el programa del que dependen las personas con discapacidad. En Santa Fe, la deuda sigue siendo de cinco meses.

El Monumento a la Bandera rebalsó de gente. Cientos de padres, de niños y de trabajadores del campo de la salud pidieron frenar el feroz ajuste en el área de discapacidad. El acto se llevó a cabo la mañana del 26 de septiembre. Acaparó la atención de la prensa local y nacional.

Los reclamos fueron varios: la deuda de varios meses con los prestadores que trabajan con el programa Federal Incluir Salud, que permite el acceso a los servicio de salud a los titulares de pensiones; la actualización de partidas que quedaron muy atrasadas por la inflación y la agilización de los trámites de nuevas pensiones, paralizados en su gran mayoría por cuestiones burocráticas.

Al día siguiente, la diputada nacional de Cambiemos e integrante de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, Gisela Scaglia, emitió un comunicado aclarando que se iba a “pagar todo lo que haya que pagar”.

“Siempre los pagos se realizaron a 90 días; es cierto que esta vez hubo una demora mayor, que vamos a corregir. En ese sentido, estamos terminando de pagar el periodo a mayo y nos quedará pendiente el próximo”, explicó la legisladora.

Pasó casi un mes de aquella promesa y, según todas las fuentes del sector consultadas, el panorama sigue siendo el mismo. Nación canceló el mes de abril con las mayorías de las instituciones que prestan los servicios, pero aún adeuda mayo, junio, julio, agosto y septiembre (150 días), con el agravante de una inflación que disparó en los últimos 60 días.

“Hay algunas instituciones que tienen pendiente inclusive meses anteriores. La sensación es que todo el tiempo nos mienten en la cara”, planteó con fastidio Pablo Bolego, presidente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) y referente de la Asociación de Transportistas de Personas con Capacidades Especiales (Atraes).

Hoy, la mayoría de las instituciones y de los prestadores están “sobreviviendo” con los pagos de las obras sociales privadas. Al atraso de las partidas de Incluir Salud –que en muchos casos representan entre el 70% de los ingresos–, se le suma la caída de muchos servicios y la desactualización de los montos que paga Nación, cuyo último incremento fue en octubre del año pasado.

“El ajuste es por goteo. A muchas instituciones, por ejemplo, les hicieron descuentos de presentaciones completas, no pueden facturarlas. Ante la queja te dan un correo de Gmail, no uno oficial, para que se mandan nuevamente todos los papeles. Una burocracia diseñada para el ajuste”, detalló Bolego.

En el medio, tarifazos y precios de insumos (combustible, alimentos, etc) que se fueron por las nubes. “Nosotros, los transportistas, estamos cobrando lo mismo que el año pasado cuando el combustible estaba 22 pesos el litro. Hoy está a 41. Lo mismo pasa con la comida. Muchas instituciones tienen catering, los precios se dispararon. Lo mismo que la materia prima de aquellas que cocinan”, agregó Bolego.

La preocupación accede a lo coyuntural. La Casa Rosada solo garantizó el pago de Incluir Salud hasta diciembre. Años atrás, el programa formaba parte el ministerio de Salud y contaba con una partida presupuestaria propia.

El año pasado, Nación creó la Agencia Nacional de Discapacidad y, por decreto, transfirió el programa a esta oficina, que tiene la obligación de hacerse cargo de todas las transferencias hasta el 31 de diciembre de 2018.

“No sabemos lo que va a pasar con el programa, quién se va a ser cargo el año que viene. Hay rumores que pasaría a depender de cada provincia. Lo que está claro es que quieren deshacerse de lo que ellos entiende como un gasto en este modelo económico”, adelantó Bolego.

Por lo pronto, los transportistas, que además están reclamando por una absurda retención del 40% (a modo “preventivo” mientras se auditan las prestaciones), realizarán un paro nacional el próximo 8 de noviembre.

La idea es, además, organizar una “gran marcha federal” para el 3 de diciembre, día internacional de la persona con discapacidad.

Actualizaciones irrisorias: un 5% para los Centros de Día

La semana pasada, el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas del Incluir Salud definió los aumentos que tendrán las prestaciones a partir del mes que viene, tras trece meses de partidas congeladas.

Los porcentajes son “irrisorios” teniendo en cuenta el actual escenario económico. Un Centro Educativo Terapéutico recibirá un incremento del 5% por cada paciente que reciba. Las residencias permanentes, un 10%. Las partidas de alimentación y transporte, un 22%.

Apridis repudió estos nuevos aranceles por “absurdos” y por estar “absolutamente alejados de la realidad”. También denunció que esta decisión se tomó de forma “arbitraria y unilateral”.

De la transcripción de la reunión en la que se decidieron estos “aumentos”, se desprende el enojo y el malestar de los cuatro representantes de las instituciones sin fines de lucro destinadas a la atención de personas con discapacidad.

Plantearon que “no hay posibilidad de convivir con estos números”, que muchas instituciones van camino “al cierre o al abandono” y que las que puedan sobrevivir van a tener que despedir a parte del personal.

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